El escandaloso, masivo e ilegal espionaje en México con Peña Nieto: activistas de derechos humanos y periodistas, principales víctimas

Les mandaban un mensaje con una invitación para abrir un enlace. Si lo hacían, el celular se apagaba y encendía de pronto. La pantalla se ponía en negro. Algunas aplicaciones se borraban o se repetían. Las comunicaciones se perdían o se escuchaban interferencias. El dispositivo había quedado intervenido ilegalmente. Sin que su usuario lo supiera, otros podían acceder a sus llamadas, correos, fotografías, chats y geolocalización.

Este fue el principal mecanismo que siguió el Gobierno de Peña Nieto para tratar de infectar por lo menos 15.000 celulares con el software israelí Pegasus, de acuerdo con las revelaciones de una investigación global realizada por 80 periodistas de 17 medios de comunicación y organizaciones .

El trabajo Pegasus Project descubrió que, por pedido de sus clientes, la empresa israelí NSO Group, que supuestamente vende programas para espiar a terroristas y grandes criminales, seleccionó para infiltrarse por lo menos 50.000 celulares de más de 50 países.

La mayor cantidad de intentos ocurrió en México, en donde algunas de las principales víctimas eran activistas de derechos humanos, periodistas y políticos, sobre todo opositores.

El gobierno de México encabeza las compras del malware espía #Pegasus. De forma ilegal lo usaron @Sedena, @Cisen y @PGR_AIC vulnerando la libertad de expresión y el anonimato de las fuentes, y poniendo en más riesgo a periodistas mexicanos y personas defensoras o activistas. /2 pic.twitter.com/LDAOCftnsI

— marcelaturati (@marcelaturati) July 19, 2021

En la lista están, por ejemplo, algunos de los familiares y abogados de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, un caso que se convirtió en emblema de las violaciones a los derechos humanos cometidos en México bajo el sexenio de Peña Nieto.

El expresidente incluso trató de cerrar la investigación con base en «la verdad histórica» que aseguraba que los estudiantes habían sido secuestrados e incinerados y sus restos tirados en el Río San Juan, lo que ya se ha demostrado que era mentira.

Pegasus Project descubrió que por lo menos 109 defensores de derechos humanos sufrieron ataques en sus celulares, lo que es particularmente preocupante en un país en el que uno de los saldos de la grave crisis humanitaria que dejó el Gobierno de Peña Nieto fue la desaparición de más de 40.000 personas.

Las investigaciones se remontan a 2017

Las primeras investigaciones sobre el uso irregular de Pegasus estallaron en México en junio 2017, cuando se descubrieron por lo menos 25 ataques, aunque múltiples personalidades sospechaban que sus teléfonos estaban intervenidos. Cuatro años después, se confirma que las víctimas eran miles.

Ese año se reveló que el Gobierno de Peña Nieto usaba el sowtfare a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, que ya no existe), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las cuales jamás dieron explicaciones claras de contratos ni de los usos del sistema de espionaje.

Desde entonces, la empresa israelí negó la escala de las infiltraciones y, sobre todo, que se realizara espionaje ilegal, pero Pegasus Project demuestra lo contrario, ya que las intervenciones en México no estaban autorizadas por la Justicia y estaban dirigidas principalmente a acosar a personajes opositores a Peña Nieto de todos los ámbitos, desde la academia hasta líderes religiosos.

Aunque en 2017 se interpusieron denuncias judiciales, las investigaciones para determinar responsabilidades en este escandaloso espionaje masivo no han avanzado.

En ese momento, Peña Nieto rechazó las acusaciones e incluso amenazó con investigar a quienes habían denunciado el espionaje.

«Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno», dijo, lo que generó un escándalo de tal magnitud que lo obligó a desdecirse.

«Me confundí en la última parte, creo que me expliqué inadecuadamente, por eso que he querido aclarar este punto con ustedes (…) ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario (…) somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona», afirmó.

En los hechos, sin embargo, los intentos de espionaje ya se habían realizado de manera masiva e ilegal.

Periodistas

En la investigación de 2017 se reveló espionaje en contra de los periodistas Azam Ahmed, (entonces corresponsal de The New York Times), Salvador Camarena, Daniel Lizárraga, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carlos Loret de Mola, quien era el único comunicador afín a Peña Nieto.

Un año más tarde, se descubrió que habían sido atacados con Pegasus Andrés Villarreal e Ismael Bojórquez, periodistas del semanario Ríodoce, justo 10 días después del asesinato de su colega Javier Valdez, que había desatado una conmoción en México y había tenido impacto a nivel internacional.

Para marzo de 2019, se confirmó que en esos mismos días también había sido ‘hackeada’ Griselda Triana, la periodista viuda de Valdez.

Esto significa que, al igual que con los familiares de los desaparecidos, en lugar de investigar los crímenes y dar respuestas a las familias, el Gobierno de Peña Nieto mandaba espiarlos.

En la nueva investigación develada este fin de semana, la lista de periodistas perseguidos se amplía e incluye a las y los fundadores de la organización Quinto Elemento: Marcela Turati, una de las periodistas mexicanas más premiadas a nivel nacional e internacional; Alejandra Xanic, ganadora de un Pulitzer de periodismo; Ignacio Rodríguez Reyna y Daniel Lizárraga, quien acaba de ser expulsado de El Salvador por el Gobierno de Nayib Bukele.

Uno de los casos más preocupantes es el de Cecilio Pineda Brito, un periodista del estado de Guerrero que fue asesinado a balazos en la calle el 2 de marzo de 2017. Pocos días antes, su teléfono había sido atacado dos veces por Pegasus y, por lo tanto, se podía acceder a su ubicación.

Persecución

En la lista de periodistas atacados también se incluyen periodistas de la siempre crítica revista Proceso, Jorge Carrasco (actual director), Rafael Rodríguez Castañeda (exdirector), Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Álvaro Delgado y Jenaro Villamil, quien hoy es funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como titular del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana.

A ellos se les suman Ricardo Raphael, Yuriria Sierra y Luis Hernández Navarro, además de otros columnistas que eran más cercanos a Peña Nieto como Salvador García Soto, Pascal Beltrán del Río, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Pablo Hiriart y Lourdes Mendoza. Su oficialismo no impidió los intentos de hackeo.

La persecución a periodistas adquiere otra dimensión porque durante el pasado Gobierno México se convirtió en el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Con Peña Nieto, según la organización Artículo 19, hubo más de 2.000 agresiones a la prensa. Las más graves fueron los 47 asesinatos de trabajadores de medios de comunicación registrados en sus seis años de gestión.

Cecilia González

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