El Tribunal de Cuentas de España amenaza con el embargo a 39 ex altos cargos independentistas y abre una nueva polémica en el conflicto catalán

El Tribunal de Cuentas de España reclama 5.417.899 euros a 39 ex altos cargos y funcionarios del Gobierno catalán por los gastos presuntamente indebidos realizados para la promoción internacional del proceso independentista que se llevó a cabo en Cataluña y que culminó con la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017.

Las cantidades más elevadas se reclaman a Artur Mas, presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016, con 2.803.115 euros; a Carles Puigdemont, presidente entre 2016 y 2017, con 1.981.453 euros; y a Oriol Junqueras, vicepresidente entre 2016 y 2017, con 1.932.323 euros. Puigdemont se encuentra desde hace casi cuatro años en Bélgica para eludir las acciones de la Justicia española, mientras que Junqueras fue condenado a prisión y fue indultado por el Gobierno la semana pasada, junto con otros ocho líderes independentistas.

El dinero reclamado por el Tribunal de Cuentas habría sido empleado en difundir el proyecto secesionista catalán entre los años 2011 y 2017, es decir, según la institución, se habría utilizado para promocionar la realización de un acto ilegal.

La responsabilidad de todas las personas señaladas en el acta de liquidación provisional es solidaria, lo que significa que un mismo concepto de gasto indebido es atribuido a varios altos cargos o funcionarios que tuvieron responsabilidad sobre él. Así, el reintegro del importe íntegro se puede exigir a cualquiera de ellos, quien podría posteriormente exigir a los demás la parte que les corresponda.

La suma total que se reclama, los 5,4 millones de euros, es el resultado de la responsabilidad contable por las distintas actuaciones administrativas que habrían dado lugar al desvío de fondos y a la que los dirigentes del ‘procés’ deben hacer frente de forma solidaria y proporcional a su grado de participación. Si no hacen frente a ella, bien depositando el dinero o bien un aval, se procederá al embargo de los bienes de los responsables hasta que se cubra el total.

Una vez que se comunique la liquidación provisional a los interesados, y tras la celebración del trámite de alegaciones, en la siguiente fase del procedimiento la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán formular la correspondiente demanda civil.

31 capítulos de actividades irregulares

El acta del Tribunal de Cuentas consta de 31 capítulos en los que se listan las actividades que son consideradas ilegales.

Se recogen 274.069 euros gastados en viajes realizados por los presidentes del Gobierno catalán, así como 293.069 euros empleados en los trabajos de la delegación catalana en el Reino Unido relacionados con el proyecto independentista.

También constan como actos indebidos las actividades de las embajadas catalanas: 148.538 euros gastados en la delegación en EE.UU., 136.829 en la de Austria, 95.747 en la de Italia, 67.727 en la de la Unión Europea, 57.416 euros en la de Francia, y 29.456 en la de Polonia.

Además, se reflejan algo más de un millón y medio de euros gastados indebidamente en visitas internacionales y en actividades de Diplocat, un consorcio público-privado encargado de la promoción exterior de Cataluña; así como 1,4 millones de euros en contratos adjudicados con la misma finalidad.

«Piedra en el camino»

Esta investigación fue instada por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. El procedimiento se inició cuando todavía estaba al frente del Gobierno de España Mariano Rajoy, antes de ser desalojado del cargo a través de una moción de censura que dio la Presidencia a Pedro Sánchez.

Los investigados han sido muy críticos con el acta del Tribunal de Cuentas porque alegan que recoge como un gasto indebido cualquier viaje al extranjero en el que se participe en un coloquio o conferencia o se realice un encuentro con políticos.

La semana pasada, el ministro de Transportes de España y secretario de organización del Partido Socialista (PSOE), José Luis Ábalos, se refería a esta causa promovida en el Tribunal de Cuentas como «una piedra en el camino» de una relación entre el Gobierno de España y el de Cataluña que se está tratando de encauzar en los últimos meses.

Precisamente, en este marco se produjeron la semana pasada los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por su participación en la organización del referéndum ilegal de 2017, que Sánchez justificó por razones de utilidad pública y por la necesidad de tender puentes entre la sociedad catalana y el resto de la sociedad española, así como normalizar las relaciones y encauzar la problemática de nuevo en el ámbito político.

El Tribunal de Cuentas em demana gairebé 2 milions d’euros per haver defensat la democràcia. Una vegada més, la repressió s’abraona sobre nosaltres i sobre les nostres famílies. No renunciarem mai al combat per l’amnistia! https://t.co/HwFvH24XCB

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) June 29, 2021

En este escenario hay interés por saber cuál va a ser la postura de la Abogacía del Estado, si bien este lunes Sánchez descartaba darle instrucciones de ningún tipo para que cambiase de criterio.

El Tribunal de Cuentas

A pesar de su nombre, el Tribunal de cuentas es una instancia administrativa y no judicial y sus decisiones pueden ser recurridas ante los tribunales.

Se trata del órgano supremo de fiscalización de las cuentas públicas de España. Aunque es un ente autónomo, no es independiente del poder político, ya que sus 12 consejeros son designados por el Congreso de los Diputados y por el Senado (seis cada uno) por una mayoría de tres quintos.

Desde hace casi dos décadas este organismo está gobernado por personas afines al opositor Partido Popular (PP). De hecho, su renovación se debe realizar cada nueve años, pero la amplia mayoría exigida ha facilitado que esa renovación haya sido bloqueada cuando el Partido Socialista ha estado en el poder y solo llevada a cabo cuando ha gobernado el PP, es decir, cuando tenía mayoría.

De los 12 miembros del Tribunal, solo uno, María Dolores Genaro, ha emitido un voto particular al acta conocido este martes, en el que denuncia diversas irregularidades. Sostiene que el informe se sometió a votación sin que los miembros del Pleno tuvieran acceso a la versión definitiva y sin cumplir los plazos legales previstos, con una «incomprensible urgencia». 

Este Tribunal ya condenó a Artur Mas en 2019 al reintegro de 4.988.620 euros, junto a Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, miembros de su Gobierno, por la organización de una consulta no vinculante sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014. La sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

La labor de este organismo, formado por personas que no son juristas y que tiene capacidad sancionadora, ha sido muy criticada. No solo por su composición, a la que muchos achacan un sesgo ideológico señalando que no ha detectado ninguna irregularidad relacionada con el PP a pesar de las múltiples causas abiertas en los tribunales, sino por el hecho de que pueda imponer sanciones sin que se celebre un juicio y se condene a los acusados.

Así sucedió en el caso de Mas, pendiente de recurso, al que sancionó económicamente por desviar fondos, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no había condenado a los acusados por prevaricación ni por malversación.

Desde el ámbito independentista se han sucedido las duras críticas hacia este informe del Tribunal de Cuentas. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho: «Una vez más la represión se abalanza sobre nosotros y sobre nuestras familias. ¡No renunciaremos nunca al combate por la amnistía!».

Nuria López

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