Muertes, desapariciones y abusos policiales: ¿qué esperar de la visita de la CIDH para atenuar la crisis en Colombia?

Este martes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) inició su «histórica visita de trabajo», como la ha calificado, a Colombia. Su agenda amplia, que incluye reuniones con la cúpula de Gobierno, con organizaciones sociales y víctimas de abusos policiales, busca observar y recabar testimonios sobre la situación de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, que ya alcanzaron los 40 días.

Este breve paso de tres días por Bogotá y Cali ocurre luego de una controversia entre la fecha inicial y un cambio de postura de la Casa de Nariño sobre su aprobación. Algunos sectores esperan que la estadía de la CIDH contribuya a aclarar el panorama del diálogo, suspendido unilateralmente por el Comité Nacional de Paro días atrás, y que se siente un precedente sobre el respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en la contención de las manifestaciones.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que ya tuvo un encuentro con la delegación el pasado lunes, dijo que su Gobierno «no tiene nada que esconder». Por otro lado, las organizaciones de defensa de los derechos humanos esperan con ansia presentar sus propios registros sobre las violaciones de los derechos humanos y los fallecidos presuntamente por la acción policial. 

Con la visita de @CIDH, el mensaje es claro: Tenemos un Estado legítimo con institucionalidad autónoma, que no tiene nada que esconder. No hay tolerancia con abusos de ningún miembro del Estado, y ningún rincón del territorio colombiano está vedado a la protección de los DD.HH. pic.twitter.com/IivoLkVRxR

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) June 7, 2021¿Cómo empieza la visita?

La delegación de la CIDH, presidida por la comisionada Antonia Urrejola, está conformada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, entre otros funcionarios. 

La agenda de este martes en Bogotá incluye reuniones con el presidente Iván Duque; representantes de varios ministerios, entre ellos el de Defensa, al que se encuentra adscrita la Policía Nacional. También habrá encuentros temáticos con la sociedad civil.

En Cali, epicentro de las protestas donde han ocurrido los mayores hechos de violencia, el organismo internacional se reunirá con el Consejo Municipal, el Instituto de Medicina Legal, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y con la Unidad Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. 

Balances de la Fiscalía y la Defensoría

Como se tenía previsto para iniciar la visita de trabajo, la Fiscalía adelantó un encuentro con la CIDH el pasado lunes, que calificó como «muy importante» y «trascendente», donde «entregó todo el balance que ha realizado en el marco de las manifestaciones «, según informó en un video institucional el fiscal general Francisco Barboza.

Del lado oficial las cifras divergen. Mientras la Fiscalía habla de 48 fallecidos, de los cuales 20 estarían relacionados directamente con las protestas, la Defensoría del Pueblo se refiere a 58 casos de presuntos homicidios, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

La Defensoría del Pueblo también le facilitó a la Comisión 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones de los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 3 de junio. Del total, 73 % señalan a la Fuerza Pública como presunta responsable. De ese porcentaje, 98 % de las quejas son contra la Policía Nacional, según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Grave situación de violencia

Las imágenes de la represión policial en Colombia circulan diariamente por las redes sociales. Tras cada movilización aparecen testimonios y conteos sobre personas fallecidas, heridas o que sufrieron algún tipo de abuso por parte de las autoridades.

El incremento de este tipo de hechos ha sido plasmado por varias organizaciones no gubernamentales que llevan sus propios datos, que no coinciden entre ellos ni con los oficiales.

La ONG Defender la Libertad maneja la cifra de 77 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por la Fuerza Pública. Además, sostiene que hay 1.246 personas lesionadas, de las cuales 74 tienen heridas oculares y 87 por arma de fuego. En total suman 1.304 denuncias por abusos policiales.

La ONG Temblores cuenta 45 muertes mientras que Indepaz, con experiencia en el registro de los líderes sociales y excobatientes asesinados, hizo un listado con nombres y apellidos de  73 fallecidos, desde el 28 de abril hasta el 7 de junio.

En este contexto, Temblores, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión entregarán un informe conjunto a la CIDH, donde recogen las prácticas de violencia por parte de la Fuerza Pública que han detectado y entre las que están:

  • Uso indiscriminado de armas de fuego contra los manifestantes y 20 personas muertas por esta razón.
  • Lanzamiento de gases lacrimógenos en zonas residenciales.
  • 25 hechos de violencia sexual, 65 casos de traumas oculares y desaparición forzada de 346 personas que participaban en la protesta. 
  • 1.649 retenciones arbitrarias.
  • 3.798 presuntas víctimas de la violencia de los cuerpos de seguridad.

Desapariciones

Sobre las desapariciones reportadas durante las protestas también hay cifras disímiles. Mientras que las ONG tienen en su data 346 casos, la Fiscalía anunció que se encuentra en la búsqueda de 91 personas en los departamentos del Valle del Cauca (23), Antioquia (22), Cali (15), Risaralda (6), Atlántico (5), Tolima (5), Bogotá (4), Santander (4), Medellín (4) y Cauca (3).

El diálogo roto

El Comité de Paro, que aglutina a varios grupos que participan en las manifestaciones pero que no representan a todos los sectores, según han dicho los manifestantes, prevé entregarle a la Comisión los «mínimos» requeridos al Gobierno para garantizar la protesta.

Entre el Ejecutivo y el Comité, a pesar de que se han adelantado conversaciones, hay divergencias sobre las exigencias que cada uno ha puesto sobre la mesa. Mientras que los representantes de un sector de los manifestantes pidieron el cese de la militarización en las calles, el Ejecutivo ordenó acabar con los bloqueos de las vías, que se mantienen en algunos puntos de varias ciudades. Hasta ahora los avances están en punto muerto.

Si bien algunos ven la presencia de la CIDH como una contribución a «atenuar» la crisis de gobernabilidad que existe en el país suramericano, otros consideran la visita como insuficiente y han pedido que la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga una visita ‘in loco’, que supone más días, mayor alcance de la observación y la presentación de un informe final.

¿Qué esperar?

Ante la gran expectativa que ha generado la presencia de la CIDH, tras la reiterada solicitud de diversos sectores para que entes internacionales constataran las denuncias de abuso policial, surge la pregunta de qué encontrará la Comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, es aliado del Gobierno colombiano, y cuáles serán sus recomendaciones.

También queda por ver cuáles serán los compromisos que se establecerán entre las partes en conflicto para retomar el camino roto del diálogo, lograr el cese de la violencia que ha dejado en promedio 60 personas muertas y ofrecer garantías para que las movilizaciones puedan desarrollarse sin la acción represiva del Estado, luego de que Duque anunciara el inicio de un proceso de «transformación policial«.

Aunque esta visita de trabajo no se presenta como la «solución definitiva a la crisis», según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), abre la necesidad de «crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Colombia «.

Nathali Gómez

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